LA RESPONSABILIDAD POR DEUDAS DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LA RESPONSABILIDAD POR DEUDAS DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ANTECEDENTES

Existen varios supuestos en los que los administradores de hecho o de derecho de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, pueden responder frente a terceros por las deudas sociales.

La Ley incluye entre los responsables de la sociedad, no sólo al administrador de derecho, sino también al administrador de hecho; que es la persona física que, sin figurar formalmente como administrador de la sociedad, ejecuta y toma las decisiones trascendentes para la empresa. En estos casos, es posible promover acciones judiciales frente al administrador de hecho denominadas de “levantamiento del velo”, que tienen como finalidad descubrir quién es realmente la persona física que de facto, dirige la sociedad, y que debe responder por tanto, de la deuda social que se le reclame.

En el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, se establecen los casos en los que el órgano de administración de la empresa tiene la obligación de proceder a la disolución de la sociedad, siendo que el incumplimiento de tal obligación de disolución por parte del administrador societario, puede acarrear una grave consecuencia; y es que finalmente termine respondiendo con su propio patrimonio de las deudas sociales.

Según lo dispuesto en el precepto legal señalado (artículo 363 LSC), constituyen causas legales de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada, las siguientes:
  1. a)Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.
  2. b)Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
  3. c)Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
  4. d)Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
  5. e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
  6. f)Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.
  7. g)Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.
  8. h)Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

En todos los casos señalados en dicho precepto legal, el administrador tiene la obligación de disolver la empresa, o bien adoptar las medidas correctoras que la propia Ley prevé. El supuesto más habitual con el que nos encontramos en la actualidad, es el contemplado en la letra e) del artículo 363.1.e) LSC, esto es, el administrador estará obligado a disolver la empresa cuando las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social; que es el concreto supuesto que vamos a analizar en el presente artículo.

CUESTIONES DE FONDO

Las medidas que pueden adoptar los administradores para evitar incurrir en responsabilidad por deudas, son las siguientes:

  1. a) Promover un aumento dinerario que capitalice la sociedad o se reduzca el capital en cuantía suficiente. Y, en ambos casos, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
  2. b)Convocar en el plazo de dos meses la junta generalpara que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución;
  3. c)Solicitar la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

Si los Administradores de la sociedad no adoptan ninguna de dichas medidas; pueden ser demandados por un tercero, por derivación de responsabilidad, y podrían tener que responder personalmente con su propio patrimonio por las deudas sociales acaecidas con posterioridad a la ocurrencia de la causa de disolución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 367 LSC.

Además, debemos precisar otra nota importante de la responsabilidad de los administradores por deudas sociales: la responsabilidad es objetiva, “ex lege”, esto es, no precisa de la producción de ningún daño, ni justificación alguna de la relación de causalidad, ni la demostración de la culpa del administrador; la responsabilidad opera de forma automática, y además es SOLIDARIA, no subsidiaria. Ello quiere decir que no es necesario que sea inviable el cobro de la deuda ante la sociedad para proceder contra el administrador. Así pues, un tercero acreedor de la mercantil, puede reclamar su deuda de forma conjunta al administrador y a la empresa de forma simultánea, sin necesidad de demandar previamente a la empresa, y que ésta sea declarada insolvente.

NORMATIVA APLICABLE

  • Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
  • Sentencia del Tribunal Supremo Nº 27/2017, de 18 de enero de 2017.
  • Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

CONCLUSIONES

En el supuesto comentado, contenido en el artículo 363.1.e) de la LSC, los administradores no responderán de todas las deudas sociales, sino sólo de aquellas que sean posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución; a diferencia de lo que ocurría anteriormente, antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2005, en que se establecía la responsabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas sociales; tanto de las anteriores, como de las posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. Antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2005, el régimen de responsabilidad de los administradores era más duro que en la actualidad; y existían Sentencias de distintos órganos judiciales e incluso, del Tribunal Supremo, que atenuaban las responsabilidad de los administradores en los casos de adopción de medidas tendentes a reducir y mitigar el daño causado a terceros como consecuencia del incumplimiento del deber de disolver la empresa. Sin embargo, la reciente Sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo Nº 27/2017, de 18 de enero de 2017, viene a confirmar el carácter objetivo, o cuasi-objetivo, de la responsabilidad solidaria del administrador societario prevista en el artículo 367 LSC. En dicha Sentencia, el Alto Tribunal determina que los administradores sociales que hayan adoptado medidas tendentes a mejorar la situación financiera de la sociedad en los casos en los que no hayan instado la disolución de la sociedad dentro del plazo que la ley marca, a los efectos de paliar las consecuencias de la insolvencia de la empresa de cara a terceros; no verán amortiguada su responsabilidad solidaria para responder de las deudas sociales. Se dice en la Sentencia que las causas que podrían justificar el incumplimiento del deber de promover la disolución por parte de los administradores, deben ser excepcionales. Por todo ello, es conveniente que los administradores de empresas que atraviesen por dificultades económicas y tengan problemas de liquidez, se asesoren correctamente, y adopten de forma inmediata y con carácter preventivo, las medidas necesarias para evitar incurrir en la responsabilidad por deudas contenida en el artículo 363.1.e) de la LSC, y así evitar que finalmente tengan que responder con sus propios bienes, de las deudas contraídas por la sociedad con posterioridad al acaecimiento de la causa legal de disolución frente a terceros.  

 Laura Pérez Sotoca

Abogada.

GM CONCULTING.

]]>

2017-10-16T11:25:29+00:0016/10/2017|Blog|
Share This