En 2020 las grandes compañías americanas que usen cloud computing, más popularmente conocido en España como la nube, podrían lograr unos ahorros anuales en energía de 12.300 millones de dólares (9.000 millones de euros) y una reducción anual equivalente a 200 millones de barriles de petróleo, que serían suficientes para mover 5,7 millones de coches en un año. Estas son algunas de las cifras que se manejan cuando se habla de este servicio que permite almacenar la información de las empresas en Internet y acceder a ella en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Poco a poco, las empresas se están sumando al uso de la nube. Los expertos tienen claro que los beneficios del uso de esta nueva herramienta son enormes y que es el futuro de la gestión de las empresas, pero la gran barrera sigue siendo la seguridad: ahora es necesario despejar cómo y de qué manera beneficiarse de este servicio, sin que ello suponga un menoscabo de la seguridad de la información de los clientes, algo sagrado en la profesión.

En este sentido, Jesús Rubí, adjunto al director de la Agencia Española de Protección de Datos, destaca que es importante contar con una información detallada sobre los diferentes tipos de nube (pública o privada), que ofrecen distintas garantías. Hace hincapié en que, desde el punto de vista jurídico, el abogado o despacho que contrata servicios en la nube sigue siendo el responsable de los datos y no lo es el prestador del servicio o proveedor.

Este representante de la autoridad de protección de datos en España señala que los principales riesgos son la falta de transparencia y la pérdida de control de la información y destaca que, puesto que en los despachos se manejan datos especialmente sensibles, hay que valorar y decidir qué se sube a la nube y qué no.

En 2012, cuando el FBI cerró el portal Megaupload y detuvo a su fundador, Kim Dotcom, acusado de lucrarse con la distribución ilegal de contenidos, varios bufetes, españoles y americanos, perdieron los datos que tenían almacenados en este sitio web, con los problemas que todo ello contrajo.

Por eso, en 2012, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General de la Abogacía Española publicaron una guía para que los despachos puedan beneficiarse de las oportunidades que implica trabajar en la nube con totales garantías, y teniendo claro que la clave está en la elección del proveedor, que debe ofrecer altos estándares de seguridad a sus usuarios.