Los daños y perjuicios patrimoniales ocasionados por la crisis sanitaria

Son muchos los escenarios y muchos los perjuicios ocasionados personal y patrimonialmente como consecuencia de la crisis sanitaria y el estado de alarma, siendo en muchos casos susceptible de reclamación a la Administración Pública mediante la preceptiva reclamación patrimonial.

De los distintos escenarios que se pueden producir, en esta ocasión nos vamos a centrar en uno de los principales perjuicios patrimoniales, como es, la reclamación patrimonial por parte de los locales minoristas, establecimientos de hostelería y cualquier otro actividad que se haya visto obligada a cerrar como consecuencia del estado de alarma.

 

Reclamación patrimonial para un negocio consistente en un local minorista, establecimiento de hostelería, o cualquiera otra actividad que se haya visto obligado a cerrar como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

La viabilidad de solicitar, por parte de los establecimientos, actividades y locales afectados por el Estado de Alarma decretado, las correspondientes indemnizaciones por los perjuicios de carácter económico que les ha supuesto la paralización forzosa de sus actividades, genera todo tipo de interpretaciones que, a nuestro criterio, tiene una respuesta AFIRMATIVA.

El artículo 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

Es dudoso, que una medida de cierre de una empresa encaje en el supuesto de fuerza mayor del artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La Administración ha ejercido su potestad de control sanitario como consecuencia de una situación que potencialmente puede ser calificada de fuerza mayor, pero ello no significa que el daño producido sea consecuencia de la fuerza mayor. El coronavirus no ha cerrado ninguna empresa –no es un temporal o incendio que la Administración no haya prevenido–; se han cerrado por una orden directa de la Administración.

Por otro lado, está la cuestión del deber jurídico de soportar daños de acuerdo con la ley. La resolución de esta cuestión es aún más compleja, pero por un lado la Ley Orgánica 4/81 de Estados de Alarma, Excepción y Sitio establece en su artículo 3.2 que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”. El Real Decreto de estado de alarma, no ha hecho mención alguna a dicho artículo ni reconocido ningún tipo de derecho a la indemnización, pero, evidentemente, la validez jurídica del derecho no está condicionada por su reconocimiento en la norma de declaración del estado de alarma.

También es clave el artículo 54 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, sobre la que se han tomado la mayoría de las medidas por las administraciones autonómicas, que señala que “Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o empresa responsable”, lo que no quiere decir que los eventuales daños no deban ser indemnizados sino, sencillamente, que los eventuales costes de, por ejemplo, el cierre, no son indemnizables. Nada, sin embargo, se dice de los daños derivados de la medida para el afectado, lo que nos remite de nuevo a la regla general ya expuesta.

 

¿Y en qué consistirá la indemnización?

En el lucro cesante o pérdida de beneficios. Esto se da cada vez que se produce una interrupción de la actividad debido a cualquier contingencia. Lo que se trata de determinar el culpable de dicha interrupción, que en este caso, sería la Administración Pública al haber adoptado la medida de la obligatoriedad del cierre.

Este lucro cesante es cuantificable económicamente teniendo en cuenta la previsión de ingresos durante el periodo en que el establecimiento ha permanecido cerrado.

También se podrían reclamar otros daños colaterales, que estuvieran directamente relacionados con dicha medida de cierre adoptada por la Administración como, por ejemplo, pérdida de clientela, pérdida de talento laboral, etc. Esto conllevaría más pérdidas y también serían reclamables.

 

¿Cuál es la base legal para este tipo de reclamaciones?

El artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, dispone que quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia del estado de alarma sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.

Por tanto, lo que está reconocido es el derecho a indemnización por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La fuerza mayor exonera a la Administración Pública de responder por los daños ocasionados, entendida como un suceso imprevisible y de efectos totalmente inevitables, inclusive si se hubiera podido prever. Es decir, si la Administración no hubiera intervenido en la causación del daño.  Pero, precisamente en estos casos, evidentemente es la propia Administración la que ha tomado la decisión de cerrar estos establecimientos y negocios al público, y de paralizar las actividades.

 

¿Quiénes están legitimados para reclamar por responsabilidad patrimonial frente a la Administración?

Cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un daño o perjuicio en su persona, derechos o bienes, como consecuencia de la acción u omisión de la Administración Pública, y siempre que no haya tenido intervención o ayudado a la producción de ese daño.

En concreto, para el caso que nos ocupa, estarían legitimados los comerciantes debido a los daños económicos sufridos por la paralización de la actividad productiva de sus negocios, con las consecuentes pérdidas patrimoniales que esto supone para ellos.

 

¿Cuáles son las actuaciones por parte de la Administración Pública que dan lugar al derecho a reclamar la indemnización?
  • Que la Administración no haya evitado o tratado de evitar, o mitigar un daño a tiempo, estando en su mano hacerlo, atendiendo a los estándares de seguridad exigidos y exigibles.
  • Que se haya provocado un daño concreto, como consecuencia de haber tomado decisiones desproporcionadas.
  • Que como consecuencia de la actuación u omisión se haya incrementado el riesgo de manera significativa, ocasionando una situación más grave de la que era previsible teniendo en cuenta la circunstancias del COVID-19

 

¿Cómo debe ser el daño ocasionado?
  • Antijurídico: que no exista un deber jurídico de soportarlo.
  • Efectivo: que sea cierto y real, no meramente hipotético o contingente. Es decir, un daño tangible.
  • Económicamente evaluable: por ejemplo, que haya lucro cesante, esto es, pérdida de oportunidad o de beneficios, como ya hemos dicho anteriormente.
  • Individualizado: que afecte a una persona o grupo de personas determinado y determinable.

No hay que olvidar que es necesario probar la relación causa-efecto, entre la acción, omisión, acto, disposición, inactividad, de la Administración Pública y el perjuicio que ello ha ocasionado.

 

¿Puede entenderse extensible este derecho de reclamación a actuaciones anteriores a la declaración del estado de alarma?

Si bien el art. 3.2 de la Ley Orgánica reguladora del estado de alarma, establece que será durante la declaración del estado de alarma, habría que estar al caso concreto, pudiendo darse el caso de que, con anterioridad a la declaración del estado de alarma y como consecuencia de la pandemia, se hubiesen adoptado o dejado de adoptar medidas necesarias, o bien, se hubiera legislado, y con ello hubiera provocado un daño o perjuicio.

 

¿Cómo puedo reclamar?

Existe una primera fase administrativa consistente en la reclamación a la Administración presuntamente responsable del daño, debiendo hacerse constar la relación de causalidad, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, etc.

En caso de no poder obtener un acuerdo compensatorio de la Administración por esta vía, se deberá acudir a la vía judicial.

 

¿Por cuánto tiempo tengo derecho a interponer una reclamación por daños y perjuicios contra la Administración Pública? ¿Prescribe mi derecho?

Con carácter general, el cómputo para reclamar por estos daños y perjuicios es de un año contado desde que se haya producido el hecho o el acto que motive la indemnización o desde que se hubiere manifestado su efecto lesivo. No obstante, el inicio del cómputo puede variar en función del tipo de daño o lesión ante la que nos encontremos.

 

¿Qué pasa en caso de fallecimiento de la persona que ha sufrido los daños y perjuicios? ¿Quién puede reclamarlos?

Las personas, herederos o no de la víctima, que han resultado personalmente perjudicadas por su muerte, en cuanto dependen económicamente del fallecido o mantienen lazos afectivos con él.

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