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El 1 de julio entró en vigor la reforma del Código Penal, que reafirma la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aspecto ya contemplado en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Uno de los aspectos más interesantes que introduce esta reforma se encuentra en el artículo 31 bis. El texto especifica que “las personas jurídicas quedarán exentas de responsabilidad penal si, entre otros aspectos, el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”.

La novedad fundamental consiste en que cualquier sociedad mercantil, fundación, asociación u organización empresarial no haya de asumir responsabilidades si prueba que ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, programas de vigilancia y control para la prevención de los delitos. La responsabilidad penal para la persona jurídica puede implicar importantes sanciones económicas, suspensión temporal de sus actividades, cierre de las instalaciones, inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones, prohibición de contratar con las administraciones públicas, etc.

[ct_message type=»info»]La reforma contempla también la responsabilidad de los directivos derivada de su representación legal de la empresa o por la omisión del deber de control, de acuerdo con el artículo 31 del Código Penal[/ct_message]

El nuevo marco jurídico establece la necesidad de las empresas y sus directivos de implantar un programa de prevención de delitos en función de los riesgos identificados en cada organización para prevenir los delitos penales tipificados en el Código Penal (blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra el medio ambiente, tráfico de influencias, etc.).

En este sentido, ya se han publicado modelos de gestión que una vez implantados pueden ser certificados por una tercera entidad independiente, lo que ayudaría de forma definitiva a proteger a las personas jurídicas y a sus administradores ante cualquier posible imputación.

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