¿Qué calificación o tratamiento tiene la pandemia desde un punto de vista jurídico? ¿Se puede llevar a cabo la resolución o suspensión del contrato por fuerza mayor?

En muchos sectores, como por ejemplo, el de la construcción, los contratos suelen contener estipulaciones que prevén la paralización de los efectos jurídicos y económicos de las relaciones entre las partes. Existen dos figuras en nuestro ordenamiento jurídico, las cuales suelen venir reguladas en dichos contratos: el caso fortuito y la fuerza mayor. En ambos casos se requiere que el hecho sea imprevisible, insuperable e irresistible, aunque no tienen por qué darse todos a la vez, y que, en ningún caso, concurra la voluntad del obligado. En esencia, para que exista una posibilidad de ruptura del nexo causal del negocio se requiere que esos sucesos no se hubieran podido prever, o que, aun pudiéndose prever, fueran inevitables.

El caso fortuito requiere la intervención de un tercero, mientras que la fuerza mayor se debe a la intervención de la naturaleza. La fuerza mayor es un obstáculo invencible (aun habiéndolo podido prever no se hubiera podido evitar), mientras que el caso fortuito constituye un impedimento no previsible usando la diligencia normal “de un buen padre de familia”, aunque no absolutamente insuperable.

Por lo que respecta al COVID-19 la aproximación se refiere más a la fuerza mayor que al caso fortuito, sobretodo porque, si bien los efectos del virus se hubieran podido prever, sobre todo teniendo en cuenta antecedentes de otros países que se infectaron con anterioridad, sin embargo, lo que no se puede prever son las medidas que va a adoptar el Gobierno de cada país al respecto. Por ello, surge la posibilidad, a la vista de la repercusión que este virus está generando sobre la economía y en las relaciones mercantiles/jurídicas, de plantear una suspensión o incluso la resolución de determinados contratos.

Ahora bien, no hay que olvidar que la pandemia no está prevista específicamente dentro de los supuestos de fuerza mayor en el art. 1.105 del Código Civil, por lo que esto puede conllevar un problema de mayor calado, a la hora de valorar si pueden exigirse responsabilidades ante eventuales incumplimientos de determinados contratos.

Evidentemente, desde el punto de vista jurídico, el mecanismo más acertado es el de plantear la suspensión de los efectos del contrato, tanto del objeto, como de las obligaciones de ambas partes, pero esto puede generar una situación de inseguridad jurídica, ya que es muy difícil regular y medir hasta qué punto se puede dejar en suspenso toda previsión del contrato, cuando generalmente se trata de obligaciones sinalagmáticas e infinitas, en las que la obligación de cumplimiento de una parte condiciona el cumplimiento de una obligación por la otra parte.

Si la fuerza mayor se encuentra expresamente pactada, no habría problema, ya que, generalmente contemplará cómo actuar en dicho supuesto, y simplemente habrá que ejecutarlo, dejando constancia de la suspensión o resolución (según lo pactado), del contrato, de manera fehaciente, a la otra parte.

Si la fuerza mayor no se encuentra pactada de manera expresa en el propio contrato, y siempre analizando caso por caso, se podría acudir a la acción “rebus sic stantibus.”  Esta figura permite que si las circunstancias que sirvieron de base al contrato hubieran cambiado de forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución, de manera que ésta se haya hecho excesivamente onerosa para una de las partes o se haya frustrado el fin del contrato, el contratante al que, atendidas las circunstancias del caso y especialmente la distribución contractual o legal de riesgos, no le sea razonablemente exigible que permanezca sujeto al contrato, podrá pedir su resolución. Pero, y esto es importante, sólo cabrá la resolución cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, una solución que restaure la reciprocidad de intereses. Es decir, que si cabe una solución alternativa que, si bien, no siendo la prevista en un inicio, puede suplir la finalidad del contrato, o lo que es lo mismo, evita la imposibilidad del objeto del contrato, las partes podrá continuar con su ejecución, sin necesidad de resolverlo ni de suspenderlo.

Lógicamente, en caso de discrepancia entre los contratantes, esta circunstancia deberá ser analizada por el Juez, atendiendo a la naturaleza de cada caso, ya que la figura del “rebus sic stantibus” tiene carácter restringido. Pero, la ventaja de esta cláusula es flexibiliza el principio del “pacta sunt servanda”.

Además, el propio Tribunal Supremo ha venido considerando este tipo de situaciones como causa de fuerza mayor, que permitiría dejar en suspenso la obligación contractual, eximiendo de responsabilidad por incumplimiento.